La Audiencia Provincial de Vizcaya ha confirmado la validez del acuerdo de una comunidad de propietarios que optó por una oferta intermedia para instalar un ascensor y eliminar barreras arquitectónicas en el edificio.
La decisión había sido impugnada por varios propietarios de locales y sótanos de garaje, que defendían una alternativa de menor coste y consideraban excesivo el gasto aprobado. La Audiencia, sin embargo, entiende que la elección de la junta entra dentro de su margen de decisión siempre que el acuerdo sea válido y tenga una justificación razonable.
Durante una junta extraordinaria se analizaron distintas ofertas para ejecutar las obras. Tras descartar algunas opciones por su importe y otra por antecedentes considerados poco favorables, la comunidad aprobó una propuesta intermedia con el respaldo del 67,26 % de las cuotas.
Los propietarios disconformes llevaron el acuerdo a los tribunales. Alegaban que la decisión suponía una mejora suntuaria, que les causaba un perjuicio económico y que la comunidad debería haber optado por la alternativa que ellos consideraban más conveniente.
La Audiencia no comparte ese planteamiento.
La sentencia parte de una idea clara: la Ley de Propiedad Horizontal no obliga a decidir una contratación atendiendo exclusivamente al coste.
La junta puede tener en cuenta otros factores vinculados a la ejecución de la obra, como la solvencia de la empresa, las garantías ofrecidas o la confianza que genere el contratista.
En este caso, el tribunal no aprecia arbitrariedad, fraude ni una actuación dirigida a perjudicar a determinados propietarios. La elección se enmarca, por tanto, dentro del funcionamiento ordinario de la comunidad y de las decisiones que corresponde adoptar a la mayoría.
La resolución también delimita hasta dónde puede llegar el control judicial de este tipo de acuerdos.
El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal permite impugnar decisiones comunitarias cuando concurren determinadas causas legales, pero no convierte al tribunal en un órgano encargado de decidir qué empresa debía haber sido contratada.
La función judicial consiste en comprobar si el acuerdo respeta la ley y si se adoptó correctamente, no en revisar si desde un punto de vista comercial habría existido una opción más acertada.
Para los despachos que asesoran a comunidades, la sentencia deja una enseñanza práctica bastante clara: cuando hay varias alternativas sobre la mesa, conviene dejar constancia de por qué se elige una y no otra.
Las actas pueden ser especialmente útiles si reflejan los criterios tenidos en cuenta, las ofertas estudiadas y las razones que llevaron a la mayoría a adoptar la decisión.
Para los propietarios que pretendan impugnar un acuerdo, el debate deberá apoyarse en una verdadera infracción jurídica o en una actuación abusiva, no simplemente en una discrepancia sobre cuál habría sido la opción más conveniente.
