El reciente anuncio de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca un hito importante en la modernización del sistema judicial español. Esta legislación tiene como objetivo principal optimizar la gestión de recursos y acelerar los procedimientos judiciales, a través de dos líneas de actuación fundamentales: una reforma organizativa y otra procesal.
Este viernes, el BOE ha revelado la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un documento extenso que abarca 272 páginas y que ha sido firmado por el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ley entrará en vigor tres meses después de su publicación, es decir, el 3 de abril de 2025. Sin embargo, algunas disposiciones adicionales comenzarán a aplicarse en un plazo de 20 días, mientras que la transferencia de competencias relacionadas con la violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se llevará a cabo nueve meses después de su publicación oficial.
La aprobación final de esta ley se realizó en el Congreso el 19 de diciembre, tras superar un veto del Partido Popular (PP) en el Senado con una mayoría absoluta. Además, el partido Podemos decidió retirar su amenaza de impugnar la ley después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se comprometiera a suspender los desahucios y garantizar ayudas al transporte.
La nueva normativa introduce una reforma organizativa que tiene como finalidad fomentar la especialización y mejorar la gestión de recursos. Esto se logrará mediante la creación de los Tribunales de Instancia, un nuevo órgano colegiado que integrará todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única estructura dentro de cada partido judicial. Esta reestructuración transformará los 3.800 juzgados unipersonales existentes en 431 Tribunales, lo que permitirá una respuesta unificada en primera instancia, favoreciendo así la especialización y la estandarización de criterios. Además, se facilitará una distribución adecuada de las cargas de trabajo y el intercambio de recursos entre los diferentes juzgados.
La ley también prevé la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios, que actuarán como un enlace directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. A través de estas oficinas, los ciudadanos tendrán la posibilidad de realizar numerosos actos y trámites procesales de forma telemática, eliminando la necesidad de desplazarse a la capital provincial.
Por otro lado, la reforma procesal tiene como objetivo acelerar los procedimientos en los juzgados y tribunales, incorporando medios alternativos de resolución de conflictos (MASC) en vías no jurisdiccionales, específicamente en los ámbitos civil y mercantil. Esto incluye la mediación y el arbitraje, herramientas que se implementarán para reducir la carga de trabajo en los juzgados y tribunales, contribuyendo así a una justicia más eficiente y accesible.
