El nuevo marco normativo derivado de las leyes “Crea y Crece” (Ley 18/2022) y “Antifraude” (Ley 11/2021) introduce cambios estructurales en la gestión empresarial, orientados al control de la morosidad y a la mejora de la transparencia en los plazos de pago.
La aplicación progresiva de estas normativas supone una transformación profunda en los procedimientos de facturación, especialmente para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Aunque su entrada en vigor definitiva se producirá en 2026, parte de sus obligaciones ya están en marcha o a punto de activarse, generando dudas generalizadas sobre el alcance, calendario y requisitos técnicos.
El marco legal contempla dos obligaciones distintas, que frecuentemente se confunden:
Ambas obligaciones son independientes, pero su coincidencia temporal y terminológica ha provocado confusión entre empresas y profesionales, dificultando la planificación adecuada de su implementación.
El proceso de adaptación requiere conocimientos técnicos y normativos específicos. La figura del gestor administrativo desempeña un papel relevante en este contexto, al encargarse del asesoramiento, gestión e implementación práctica de los nuevos requisitos legales en las empresas, especialmente en pymes y negocios unipersonales. Su participación es clave para reducir errores, asegurar el cumplimiento normativo y facilitar la transición digital.
La imposición de sistemas electrónicos de facturación supone un reto operativo, económico y tecnológico para una parte significativa del tejido empresarial. Existen dificultades derivadas de la falta de medios técnicos, escasa experiencia digital y limitación de recursos. Estos factores afectan especialmente a microempresas y trabajadores por cuenta propia.
Aunque el nuevo sistema persigue una mejora general en la trazabilidad fiscal y en la gestión interna de cobros y pagos, la transformación implica una inversión inicial en tecnología, formación y actualización de procesos que puede representar una carga significativa para ciertos colectivos empresariales.
El cronograma previsto por la normativa establece los siguientes plazos:
El marco reglamentario relativo a la factura electrónica aún está pendiente de desarrollo completo, lo que dificulta la planificación detallada de los procesos de implementación.
Diversas organizaciones del ámbito empresarial y colegial han solicitado que la aplicación de estas normativas tenga un enfoque gradual y flexible, con el objetivo de garantizar una adaptación efectiva por parte de todos los actores. Se considera fundamental disponer de plazos adecuados, acompañamiento técnico y medidas de apoyo para minimizar el impacto de los cambios en los colectivos con menos capacidad de adaptación.
Así pues, la entrada en vigor de las obligaciones relacionadas con el software de facturación y la factura electrónica marca un punto de inflexión en la digitalización fiscal. La correcta interpretación de la normativa, la planificación técnica y el acompañamiento profesional serán determinantes para que pymes y autónomos puedan cumplir con los nuevos requisitos legales sin comprometer su operativa habitual.
