El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la derogación del denominado decreto ómnibus, que contenía una serie de medidas clave relacionadas con las pensiones, el salario mínimo interprofesional (SMI), las ayudas sociales y varias disposiciones fiscales. Esta decisión se produce tras la votación en el Congreso de los Diputados, donde los votos en contra de PP, Vox y Junts llevaron a la anulación de dos Reales Decretos-ley, incluido el decreto ómnibus. A continuación, se detallan las principales implicaciones de esta derogación.
Una de las medidas más relevantes que quedarán afectadas por la derogación del decreto es el incremento de las pensiones. El Gobierno había aprobado una subida general del 2,8% para 2025, acorde con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, se había previsto un aumento entre 6% y 9% para las pensiones más bajas, como las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con un incremento superior a la tasa de inflación. Estas medidas se mantendrán en la nómina de enero, dado que la norma estuvo vigente hasta el 22 de enero, pero febrero marcará el ajuste a la baja en las cuantías.
Las pensiones mínimas, que iban a aumentar cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el IMV, que se habían revalorizado un 9%, no verán esos aumentos aplicados. Además, la revalorización de las pensiones de viudedad y las pensiones con cónyuge a cargo, que se fijaba en 9,1%, también queda sin efecto. A partir de febrero, las cuantías se reducirán.
El SMI también se verá afectado por la derogación del decreto. El real decreto de 2024 preveía una subida del SMI para este año, pero ahora volverá a la cifra de 2023, es decir, 1.080 euros al mes en 14 pagas. Esta cifra se mantendrá en vigor hasta que se logre un acuerdo sobre el SMI de 2025, que aún está siendo objeto de negociaciones entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo.
Además de las pensiones y el SMI, varias otras medidas sociales y fiscales se verán afectadas por la derogación:
La derogación también afecta a varias medidas de protección social en el ámbito energético. Quedan suspendidas las medidas de protección para los consumidores vulnerables en el sector energético, como la prohibición de corte de suministros básicos (agua, luz y gas) para estos consumidores hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se elimina la prórroga del bono social de electricidad, que había sido reforzado durante la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.
Otra de las medidas clave que se ha suspendido es el escudo antiopas, que otorgaba al Gobierno la capacidad de autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas. Este blindaje contra adquisiciones hostiles por parte de empresas extranjeras también queda sin efecto.
La derogación del decreto ómnibus trae consigo una serie de cambios significativos en varias áreas de la política social y económica. Aunque algunas medidas, como la subida de las pensiones, se mantendrán hasta enero, los ajustes a la baja se aplicarán a partir de febrero. El SMI, las ayudas al transporte y las medidas fiscales también sufrirán modificaciones que afectarán a numerosos ciudadanos y empresas.
El Gobierno de España y los agentes sociales seguirán trabajando para encontrar nuevos acuerdos y reformas que aborden estas cuestiones en el futuro cercano. En particular, se espera que el tema del SMI y las cotizaciones sociales se resuelvan en los próximos meses, al igual que las medidas fiscales que afectarán a las empresas y trabajadores.
ADADE Central
