El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2025 ha sido publicado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este documento detalla las iniciativas legislativas y reglamentarias que se prevé que sean presentadas al Consejo de Ministros para su aprobación durante el año. A continuación, se destacan las propuestas relacionadas con el ámbito laboral y de empleo.
Esta ley tiene como objetivo establecer los períodos de formación práctica no laboral en las empresas y desarrollar el régimen jurídico correspondiente. Actualmente, el texto se encuentra en fase de anteproyecto, tras el cierre del plazo para presentar aportaciones el 3 de enero. La normativa busca regular las prácticas de los estudiantes, asegurando una compensación por gastos y la implementación de un régimen sancionador.
El propósito de esta ley es fomentar una participación más activa de los trabajadores en la gestión de sus empresas, conforme al artículo 129 de la Constitución Española. Esta iniciativa ya fue incluida en el Plan Anual Normativo de 2024 y se espera que las conclusiones estén listas en septiembre, permitiendo que los sindicatos tengan voz en los consejos de administración.
Esta ley busca establecer reglas que aumenten la representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el diálogo social y la negociación colectiva. Aunque ya se incluyó en el Plan Anual Normativo de 2024, aún no se ha concretado. Se espera que esta regulación permita un mayor equilibrio en la mesa del diálogo social y una representación más efectiva de las PYMES.
El objetivo de esta ley es adaptar el régimen del salario mínimo interprofesional a la Directiva (UE) 2022/2041, que promueve la negociación colectiva salarial en la Unión Europea. La normativa se aplicará a los trabajadores con contrato laboral, asegurando condiciones para alcanzar un salario digno.
Esta ley tiene como finalidad establecer garantías para los trabajadores frente al despido, en cumplimiento con la Carta Social Europea. Se busca reforzar la causalidad en los despidos y se espera que esta norma aborde las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre despidos improcedentes.
La ley propone reducir la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial. Además, regulará el registro de jornada y garantizará el derecho a la desconexión, promoviendo un equilibrio entre la vida laboral y personal y mejorando el bienestar de los trabajadores.
Este decreto tiene como objetivo establecer anualmente el salario mínimo interprofesional, conforme al artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, que actualmente se sitúa en 16.576 euros anuales.
Se busca adaptar el contenido del Real Decreto 396/2006 a la Directiva (UE) 2023/2668, que protege a los trabajadores de los riesgos relacionados con el amianto. España enfrenta un alto número de muertes por exposición a este material, lo que ha llevado a la demanda de un fondo de ayuda para las víctimas.
Este decreto desarrollará las garantías laborales del contrato formativo, previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, en sus modalidades de formación en alternancia y práctica profesional.
El objetivo es actualizar la regulación de la relación laboral especial de los artistas y las actividades técnicas relacionadas, en cumplimiento de la disposición final del Real Decreto-ley 5/2022.
Este decreto adaptará el régimen del salario mínimo interprofesional a lo dispuesto por la Directiva (UE) 2022/2041, asegurando su cumplimiento en el ámbito nacional.
El objetivo de este decreto es aprobar la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, que coordinará las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el país, continuando la línea establecida por la estrategia anterior.
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